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| Imagen cortesía de DiablUma. |
La coyuntura económico-política del país, en la actualidad,
resulta una vorágine de pensamientos, posiciones y divergencias en permanente
debate. Las sustancias con propiedades psicoactivas, más conocidas como DROGAS,
ahora también generan un posicionamiento, de Ecuador, a escala global.
En esta “patria, tierra sagrada” el debate político es
permanente, ya sea desde la línea oficial del Gobierno, como también desde las
líneas políticas opositoras, izquierdas y derechas. Los mensajes,
inteligentemente armados, desde todos los bandos, son permanentes y existe
exposición de argumentos a niveles sociales y mediáticos, solo basta con echar
un vistazo a las paredes de sus ciudades, a los medios comunitarios o a las
redes sociales, no podemos juzgar a los bandos como buenos o malos. Lo
indudable es que eso también ha generado una alta expectativa de IDENTIDAD, la
misma que en varios aspectos nos ha ayudado a tomar decisiones autónomas como
individuos, pero también como comunidad.
Ecuador no ha dejado de visibilizarse frente al mundo, Renegociación
petrolera, Ley de Comunicación, Caso Assange y muchos temas más han puesto, por
varias ocasiones, a Ecuador en el ojo del huracán. ¿Qué carta bajo la manga
tiene el Gobierno para la Despenalización del consumo de drogas?
Al contrario de pensar que existe una voluntad política que
nace de la nada, prefiero creer que todos estos años de trabajo van rindiendo
frutos, ECUADOR CANNÁBICO, lleva ya 5 años trabajando en brindar información,
en difundir documentación y en construir propuestas, debates y soluciones. Por
otro lado está la Organización DiablUma, que recoge una lucha permanente de no
menos de una década, una de sus líneas de acción llamada DESCRIMINALIZACIÓN DE
LA POBREZA, la que se ha ayudado, servido y compartido este camino. El devenir
de esta realidad se ha ido configurando además de las demandas de los privados
de libertad, de los testimonios de usuarios terapéuticos, de las víctimas del
narcotráfico, de la academia y de las calles.
Opiniones públicas expresadas,
por varios funcionarios y personalides públicas, ya confirman una voluntad de
avanzar progresivamente hacia la descriminalización del uso y consumo, para
luego dar paso a una regulación eficiente del tema drogas en el país. Hay que
reconocer que el primer presidente que, en su época, hablo de la posibilidad de
despenalizar las drogas fue Rodrigo Borja. Pero en las últimas semanas ha
existido una avalancha de noticias, reportajes, coberturas mediáticas sobre las
nuevas expresiones políticas al respecto.
La primera voz fue de Alexis
Mera, Secretario Jurídico de la Presidencia, quien expresó "la lucha
a nivel mundial contra las drogas ha fracasado, hay que establecer políticas
públicas claras sobre adicciones y después avanzar a un proceso de
despenalización de la droga…la represión absoluta no funciona, tiene que
regularizarse el auto consumo... tiene que discutirse a nivel de cadenas de
comercialización de ciertos estupefacientes como la marihuana". (MSN - Noticias).
Una semana más tarde el Ministro
del Interior, José Serrano, declaraba en una entrevista radial que "La
lucha a nivel mundial contra las drogas ha fracasado. Hay que establecer
políticas públicas claras sobre adicciones y después avanzar a un proceso de
despenalización de la droga" (El Universo)
El canciller del Ecuador, el
martes 11 de Junio, dijo a GamaTV que "A lo mejor, la salida es una cierta
despenalización, una cierta legalización porque mientras el negocio siga siendo
tan grande, las oportunidades son tan grandes que finalmente con esa plata
compran, infiltran policías, Fuerzas Armadas, políticos, instituciones, y se
nos va cada vez degradando más la sociedad" (La Hora)
Al parecer, existe la voluntad política del gobierno y su
gabinete para priorizar este tema. El problema se viene discutiendo en varios
niveles, lo que más alienta es el enfoque, que no representa al reduccionismo,
sino que más bien se mira desde su integralidad, lo que ayudaría a luchar
contra el narcotráfico, fortalecer la productividad del país, cambiar matriz
productiva, reducir los riesgos relacionados al consumo, aliviar las cárceles de
personas injustamente presas y avanzar en temas de derechos individuales y
colectivos.
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