¡BIENVENIDOS Y BIENVENIDAS!


Bienvenidos a www.ECUADORCANNABICO.tk, de hoy en adelante ésta será tu página de información pro-legalización de esta mítica planta y todos sus derivados medicinales, recreacionales, de uso espiritual e industrial.

Aquí encontraremos, difundiremos e intercambiaremos material escrito y audiovisual, así como propuestas de acción para la consecución de objetivos científicos, ideológicos, culturales y políticos que contribuyan al proceso de legalización y despenalización de "María".

Dejamos totalmente claro que nuestro pensamiento no va dirigido al apoyo del comercio (legal o ilegal) y/o narcotráfico de este y otros enteógenos naturales, más bien estamos interesados en la difusión de la información para el cultivo autogestionado para uso y consumo curativo, lúdico, ritual y mental del cultivador como de sus personas cercanas.

Construyamos juntos un porvenir libre para un recurso natural que debe ser un derecho de la humanidad, y localicemos nuestra lucha en estas latitudes, tomando el ejemplo de tantos otros lugares donde se ha conseguido que la siembra, el cultivo y consumo de cannabis sea legítimo para tod*s.

Ecuador Cannabico, información libre desde: Martes, 1 de Diciembre de 2009.

miércoles, 25 de abril de 2018

Manifiesto Tercera Plataforma Cannábica por la Marcha Mundial de la Marihuana Ecuador 2018






La tercera plataforma cannabica formada por varios colectivos, usuarios y usuarias lúdicos y medicinales, emprendedores, empresarios, enfermos y enfermas con graves dolencias, ejerciendo nuestros derechos constitucionales a expresarnos con libertad sobre los temas que son de nuestro interés y entendiendo el momento actual, nos preparamos nuevamente este 4 de mayo del 2018 a marchar por la libertad de elección, la autonomía y autodeterminación.

Tres son los ejes que articulan nuestras demandas en defensa de nuestras acciones:

1) La legalización del uso medicinal, terapéutico y el autocultivo para tratar a nuestros enfermos que han encontrado una salida a sus dolencias con la planta;

2) La legalización de la industrialización del cañamo con enfoque de economía popular y solidaria;

3) La legalización del consumo lúdico, sin criminalización y con enfoque de DDHH.

Así, exigimos a las autoridades soluciones rápidas e integrales, en relación a la legalización del cannabis. Creemos que nuestro derecho humano y constitucional a la presunción de inocencia ha sido vulnerado permanentemente, desde que el Ecuador decidió entrar en los paradigmas del prohibicionismo, la mano dura y la guerra, por lo cual solicitamos al Estado sea garante de este derecho, así como de la remediación histórica a las víctimas de este fenómeno.

Las políticas apegadas a la guerra de las drogas ha victimizado y castigado a los miembros más vulnerables de la sociedad y se ha dejado en la impunidad a los grandes carteles e intereses económicos afines, quienes al parecer están por fuera del radar. La falta de concreción de una política pública basada en los derechos constitucionales, ha generado un ciclo vicioso,  en dónde la marihuana es una mercancía controlada por las mafias y el crimen organizado transnacional.

Todas y todos somos iguales como seres humanos, todos tenemos los mismos derechos ante la ley y la justicia, también las personas que usan sustancias psicoactivas, más aún en el marco de un Estado constitucional de derechos. ¿Por qué entonces se nos ha relegado a la discriminación de ser mirados como delincuentes o enfermos? ¿Por qué además vulnerar nuestro derecho al espacio público, estigmatizándonos y excluyéndonos?

Cuando analizamos de manera concreta las detenciones por posesión de Marihuana, el 61% son de jóvenes entre los 19 y los 29 años. ¿Estamos como sociedad en el camino correcto? Nosotros creemos que no. Si no hay participación, entendimiento y un cambio de enfoque radical este problema seguirá en aumento, sin poder dar una solución acorde a la dimensión de la problemática, la que además repercute en no poder observar aspectos distintos, como el medicinal o el industrial.

POR ESTAS RAZONES:

1) Demandamos, como ciudadanos iguales a todas y todos nuestros pares, una cultura de paz, de la cual el Estado debe ser garante, queremos alejarnos de las soluciones guerreristas, armadas, policiales, castigadores, para acercarnos a alternativas más humanas, democráticas y libres de corrupción, basadas en la evidencia científica y que protejan a los sectores más vulnerables pero ante todo a la niñez y la adolescencia.

2) Demandamos que este tema sea considerado como un asunto de Salud Pública, como lo declara la Constitución, no es un asunto de seguridad nacional. Es posible desfinanciar al narcotráfico, desvincularlo, quitarle competencias, además de proteger a quienes son víctimas de este tipo organizaciones delictivas. 

3) Demandamos se cumpla lo que estipula COIP Art .220 inciso 2do, en el cuál no se penaliza la tenencia y posesión y tampoco el consumo personal y que  también penaliza únicamente los cultivos con fines de comercialización. 

4) Demandamos además, que se resuelvan las contradicciones entre las tablas estipuladas por las instituciones competentes en esta materia, respecto a  las  de dosis máximas de consumo no vinculante y las establecidas por el reglamento del COIP en relación a la tabla de tráfico, y venta de estupefacientes. Esto ha generado vicios legales, que siguen permitiendo vulneraciones y violaciones sistemáticas y estructurales de derechos.

5) Demandamos, que la normativa de salud pública apruebe el uso medicinal y terapéutico del cannabis, con rigurosos controles a las transnacionales, que en la actualidad, desde la industria farmacéutica sigue generando lógicas oligopólicas de mercado y de apropiación de conocimientos. Por lo tanto, es necesario que desde el Estado y la institución rectora el Ministerio de Salud Pùblica, se consideren estos elementos.El 74% de la producción de medicamentos por parte de las farmaceúticas es destinada a la población de países que poseen grandes concentraciones de capital. Empresas como Monsanto y Bayer poseen el monopolio más grande del control de semillas, elementos que jugarían en contra para el acceso de bajo costo para pacientes de enfermedades crónicas e incurables.

6) Demandamos que  el control de las semillas se quedé en los autocultivadores, así  protegeremos la soberanía alimentaria, y será posible controlar la calidad y el ciclo productivo desde el ámbito local.

7) Demandamos que las condiciones de inversión de éstas grandes empresas en relación a la industria farmacéutica e industrial del cannabis, deben contemplar la transferencia del conocimiento y la tecnología, controles ambientales y biogenéticos y también generación de empleo nacional.

8) Por eso demandamos un cambio de enfoque profundo, que vaya acompañado con el desarrollo de un sistema público de Regulación y Control de la Producción, en donde se pueda generar el procesamiento, distribución, uso y consumo del cannabis, abarcando las diferentes facetas que proponemos en esta tercera plataforma por la legalización.

Para esto proponemos:

1) Una nueva ley orgánica que permita desarrollar la integralidad de la tercera plataforma y sus componentes en donde se contemple el auto cultivo , la tenencia legal, la industrialización  como aspectos centrales.

2) Mejorar la calidad de la información sobre el uso de sustancias psicotrópicas.

3) Fomentar la investigación científica sobre el uso, consumo e industrialización.

4) Reconocer los saberes ancestrales anexos a la marihuana.

5) Generar líneas de finanzas populares que permitan la creación de unidades productivas con barrios, comunidades y Personas Privadas de la Libertad.

No queremos, ni pretendemos tener más derechos que las personas que no usan cannabis, queremos y pretendemos equidad y justicia social, queremos regulaciones claras del Estado sobre los mercados ilícitos del cannabis, queremos derechos de autocultivo y autoabastecimiento para las personas con enfermedades basadas en evidencia, queremos autocultivo para protección de las personas usuarias, queremos autocultivo para la vida, autocultivo para la lucha contra el narco.

Atentamente: 

 Yo Soy CRIC (Riobamba),
- Cultiva Tus Derechos (Quito),
- Defensores Procáñamos (Quito),
- Ambato Cannábico (Ambato),
- Guayaquil Cannábico (Guayaquil),
- Lago Agrio Cann{abico (Sucumbíos),
- Ecuador Cannábico. 

#MMM2018Ec #MMM2018 #GMM2018 #CultivaMedicina


ESTADO, DEMOCRACIA Y CIUDADANÍA, la estructura de dominación sobre las personas que usan Drogas en Ecuador.



POR: Gabriel Alejandro Buitrón Almeida.

INTRODUCCIÓN:

Un Estado liberal moderno como Ecuador, denominado “Intercultural y Plurinacional” (Constitución del Ecuador, 2018:16), es resultado histórico de un sinnúmero de procesos y cambios. En su normativa se podrían hallar relaciones de dominación sobre sus ciudadanos, soportada por la violencia legítima (Weber, 1946:4) y la idea “foucaulteana” anatomopolítica (Ibarra, 2001:337) desde su constitución en 1830, e incluso posterior a Montecristi 2008.

La dominación racional (Weber, 1922:65), basada en un acuerdo de unión a modo de constitución (Bourdieu, 1997:3-4), hace sentir seguro al individuo, pero a la vez este cede sus derechos al Estado, quien mediante ese acuerdo lo unifica, lo norma y tiene la facultad de ejercer poder sobre él.
Entonces, a partir de las constituciones de los Estados modernos, sus ciudadanos están obligados a cumplir una normativa jurídica dentro de un “campo de juego”, pero también tienen las condiciones de reclamar lo mismo hacia sus pares o hacia el Estado, lo que determinaría condiciones de lo que llamamos democracia. “En consecuencia, bajo esta línea de razonamiento, el Estado deberá limitarse a garantizar condiciones de certeza y el cumplimiento de las reglas del juego -incluidos el mercado y la democracia” (Ibarra, 2001:344).

En el país existe un esquema de democracia representativa liberal, que deja para las mayorías la participación del voto, mientras que encarga a un pequeño grupo de gobierno y burocracia la administración del Estado. (Hernández, 2015:12). Estos grupos han sido históricamente beneficiados, desde el nacimiento de la república eran quienes se podían llamar ciudadanos.

Desde las consideraciones griegas sobre la ciudadanía hasta la contemporaneidad del Estado liberal, quienes gozan de derechos ciudadanos serán separados de quienes no gozan de esos derechos, ya sea por la diferenciación entre esclavos y hombres libres u otros tipos actuales de discriminación.  

El artículo 364 de la Constitución equipararía, como ciudadanos, a las personas que no consumen con quienes si consumen drogas, al declarar que “En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales” (Constitución del Ecuador, 2008:167). Los nuevos marcos legales, las políticas públicas y las acciones de sus funcionarios podrían estar ejerciendo dominación y violencia desmedida contra esta minoría de ciudadanos.

El Estado como estructura de dominación.

El concepto de Estado Liberal Moderno no es el único que históricamente ha ejercido uso legítimo de la violencia, por lo que la raíz de los actos que buscamos analizar puede ser aún más profunda, quizá hasta los períodos de monarquía, lo que cambiaría es el tipo de dominación y su legitimidad, es solo hasta la elaboración de las constituciones como documentos políticos que los ciudadanos ceden su voluntad al Estado.

Para Weber:
Al igual que las instituciones políticas que lo precedieron históricamente, el Estado es una relación de hombres que dominan a los hombres, una relación respaldada por medio de la violencia legítima (es decir, considerada legítima). Si el estado debe existir, el dominado debe obedecer a la autoridad reclamada por los poderes fácticos. (Weber, 1946:4).

Bourdieu también elabora una idea de Estado unificador, violento, pero no solo de forma física, sino simbólica, es decir una violencia aún más profunda. “De hecho, la génesis del Estado es inseparable de un proceso de unificación de los diferentes campos sociales, económico, cultural (o escolar), político, etc., que va parejo a la constitución progresiva de un monopolio estatal de la violencia física y simbólica legítima.” (Bourdieu, 1997:4).

En cuanto a la relación del sujeto con el Estado Foucault plante a qué “Corresponde al arte de gobernar poblaciones, de regular el cuerpo social desde una cierta razón de Estado (...). Será a través la ciencia de la policía que se intentará potenciar las fuerzas de la población para incrementar el poderío del Estado” (Ibarra, 2001:348). Aunque el autor considera que el papel del ejercicio de poder no es del Estado, pues es una estructura vacía, a quién el Gobierno o su modelo le da vida.

Al representar, como una constante, en los tres autores algún tipo de dominación, desde la lógica del Estado, es necesario profundizar en este aspecto. Existirían tres tipos puros de dominación, el racional, el tradicional y el carismático. De estos tres nos ocuparemos y acentuaremos el análisis sobre el primero. El “que descansa en la creencia en la legalidad de ordenaciones estatuidas y de los derechos de mando de los llamados por esas ordenaciones a ejercer la autoridad (autoridad legal).” (Weber, 1922:65).

La creencia de la sociedad en las normas, estatutos, reglamentos, leyes y convenios radica en un acuerdo por la necesidad humana de unirse o agruparse para tener éxito en la supervivencia, ese acuerdo o proyecto es llamado Constitución.

Dicho de otro modo, la labor simbólica de constitución o de consagración, que es necesaria para crear un grupo unido (imposición de nombres, de siglas, de signos de adhesión, manifestaciones públicas, etc.) tiene tantas más posibilidades de alcanzar el éxito cuanto que los agentes sociales sobre los que se ejerce estén más propensos, debido a su proximidad en el espacio de las posiciones sociales y también de las disposiciones y de los intereses asociados a estas posiciones, a reconocerse mutuamente y a reconocerse en un mismo proyecto (político u otro). (Bourdieu, 1997:3-4).

Los tres autores coinciden en que el Estado, entonces, como estructura puede ejercer poder o una dominación racional legitimada en su Constitución y sus Leyes, Foucault aporta que es mediante un modelo de “régimen de gubernamentalidad múltiple” (Ibarra, 2001:338),  en este caso la democracia.

La democracia y los ideales de ciudadanía.

Por un lado la Democracia[1], entendida etimológicamente desde el griego δημοκρατία o dēmokratía, sería traducida y referida como el “gobierno del pueblo”,  una forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos o sus representantes.
La misma visión es compartida por Nuria Cunill (1997:50) quien mira a la “democracia como asunto que concierne a la sociedad y que sólo puede ser impulsada desde ella misma.“ Sin embargo los procesos históricos han ido ampliando los conceptos, y categorías de las democracias.

En la actualidad y bajo los esquemas del Estado liberal en Ecuador la democracia se practica de forma generalizada en la representatividad otorgada al Presidente, Los Asambleístas y autoridades regionales o locales que se eligen por número de votos. “Se concibe al sistema representativo como un sistema superior a la democracia directa porque logra contener la amenaza de las mayorías al garantizar la elección de un grupo de ciudadanos que está en condiciones mejores para identificar y defender el bien público” (Hernández, 2015:12). Así con la elección de la mayoría se decide también el destino de las minorías.

En tales condiciones la política sólo es aceptada en tanto técnica y la democracia como procedimiento, limitada al empleo de la regla de la mayoría para cambiar de gobierno y establecer ciertas leyes generales -formales- (Cunill, 1997: 45).

Este posible cambio de gobierno o de políticas, desde la antigua Grecia  solo se podía gestar con unos actores, estos actores eran los ciudadanos. No todos los habitantes de Grecia podían acceder a ese estatus, por lo que aparte de ese grupo se encontraban categorías como metecos, isóteles, libertos y esclavos (Benítez, 2005:55). Los ciudadanos eran solo hombres, desde cierta edad, con propiedad y tierras. “Primero, Solón, realizó una clasificación de los ciudadanos basada en la propiedad o tierra cosechada; a partir de ésta, podemos hablar de los pentacosiomedimnos, los caballeros, los zeugitas, y los thetes.” (Benítez, 2005:57).

En el Ecuador de 1830, con su primera constitución, también se inauguraban los derechos de ciudadanía, para acceder a ellos se debía ser hombre, casado, mayor a veintidós años; Tener una propiedad raíz, valor libre de 300 pesos, o ejercer alguna profesión, o industria útil, sin sujeción a otro, como sirviente doméstico, o jornalero; Y saber leer y escribir. (Constitución del Estado del Ecuador, 1830:3).

Ya en el siglo XX, casi cien años después, en la constitución de 1929 la República del Ecuador reconoce la ciudadanía a las mujeres, (Constitución de la república del Ecuador, 1929:3). En 1978, se permitió la llegada a la ciudadanía universal de los mayores de 18 años y el ejercicio del voto a las personas que no sabían leer y escribir, lo que amplió los votantes a una gran proporción de pueblos y nacionalidades del Ecuador.

El análisis de estos procesos históricos nos muestra que la ciudadanía siempre ha sido un privilegio, así como sus derechos. Varias agrupaciones sociales han conseguido progresivamente el reconocimiento y la legitimidad como actores políticos. El ser Ciudadano no ha sido un concepto estable sino que ha variado, dependiendo su contexto histórico se ha transformado, ha excluido, pero también ha incluido. Así arribamos a otras concepciones contemporáneas y más locales de ciudadanía.

“De acuerdo con Marshall la ciudadanía es esencialmente una cuestión de asegurar que todos sean tratados como miembros completos e iguales en una sociedad, y una forma de alcanzar este sentido de identidad con la sociedad es la de asegurar la expansión de los derechos de ciudadanía a todas las personas.” (Hernández, 2015:9)

Ciudadanía contemporánea en Ecuador y personas que usan drogas.

El Estado liberal moderno, aún más centrado en el Estado ecuatoriano, es resultado de sus procesos. La constitución de 2008 da una mayor pauta de derechos y garantías, que no podían ser posibles sin las luchas sociales, el debate político y el acuerdo necesario en los últimos 20 o 30 años. “Los actores políticos se conforman a través de las prácticas donde se interpelan las reglas de juego sobre las que se basan las relaciones sociales y se obliga a la actualización de los principios ético-políticos que constituyen la democracia moderna: libertad e igualdad para todos.” (Cunill, 1997: 301)

Al garantizar los derechos civiles, políticos, y sociales, el Estado de bienestar asegura que todos los miembros de la sociedad se sientan miembros completos de una comunidad política, capaz de participar y disfrutar de los derechos y obligaciones de la vida en comunidad. Donde aquellos derechos sean negados o violados las personas serán marginadas e incapaces de participar en la comunidad política. (Hernández, 2015:9)

En este marco liberal para Rawls, el “deber ser” del ciudadano cumple con unas libertades enmarcadas en ciertas limitaciones, que de nuevo se relacionarían a la dominación racional:

Ser ciudadano es quien suscribe un conjunto de principios y una vez suscritos rige su vida cotidiana por ellos; por ejemplo respetando, "el derecho de los otros a la libre expresión o acordando para ellos iguales oportunidades en la asignación de empleo". Ser ciudadanos es reconocer a los otros como agentes morales, libres e iguales, racionales y razonables; (...) concibe la ciudadanía como una identidad política y publica resultado de un consenso por solapamiento para hacer frente al desafió del pluralismo. (Hernández, 2015:17-18)

Ya para 1967, en la Constitución del Ecuador aparece por primera vez el término droga, en el marco de los derechos de la persona. No toma a consideración ningún otro uso que el uso terapéutico o el que atenta contra la integridad de la persona. (Constitución del Ecuador, 1967:6).

En la constitución de 1998, las drogas pasan a ser llamadas sustancias psicotrópicas, así como se hace una referencia al consumo de bebidas alcohólicas, pero esto solo en el marco de las medidas que aseguren a los niños y adolescentes algunas garantías. (Constitución del Ecuador, 1998:18)
En 2008 se amplían las posibilidades de ciudadanía (Constitución del Ecuador, 2008:18), y se hace una profundización al voto universal incluyendo a los menores de 16 a 18 años, las fuerzas armadas y los extranjeros residentes en el país. (Constitución del Ecuador, 2008:45-46).

Sumado a esto, y definiendo la relación del Estado con las personas que usan sustancias sujetas a fiscalización, el artículo 364 de la Constitución garantiza la no criminalización, pero además mantienen intactos y equiparan los derechos ciudadanos de las personas que no consumen con quienes si consumen drogas, al declarar que “En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales” (Constitución del Ecuador, 2008:167).
Además de esto, la legislación de drogas en Ecuador ha tenido precedentes como:

1)La Ley de control del Opio de 1916; 2) La Ley sobre importación, venta y uso del opio y sus derivados y de los preparados de la morfina y de la cocaína de 1924; 3) La Ley sobre el tráfico de materias primas, drogas y preparados estupefacientes de 1958; 4) La Ley de Control y Fiscalización del Tráfico de Estupefacientes de 1970; 5) La Ley de Control y Fiscalización del Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1974; 6) La Ley de Control y Fiscalización del Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1987; 7) La Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas de 1990; y, actualmente contamos con La Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socioeconómico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización de 2015, es decir de reciente promulgación. (Paladines, 2016:8).

De acuerdo a esta retrospectiva jurídica, los marcos constitucionales y algunos marcos legales vigentes protegerían a las y los usuarios de drogas, evitarían su criminalización, pero no solo eso, sino que garantizarían los demás derechos y principios constitucionales, es decir: al agua y alimentación, a un ambiente sano, a la comunicación e Información,  a la cultura y ciencia, a la educación, a el hábitat y vivienda, a la salud,  al trabajo y seguridad social, a bienes y servicios de óptima calidad, a la participación, de libertad, de protección. (Constitución del Ecuador, 2008: 21-58).  Hay que ensayar una ligera evaluación.

La dominación manifiesta en las Políticas Públicas sobre Drogas.

El gobierno, que genera modelos jurídicos estatales, manifiesta su dominación hacia los ciudadanos mediante el disciplinamiento del cuerpo, es decir del individuo, que va desde la escuela hasta, hasta la cárcel o el manicomio. También está la biopolítica que generaría el mismo disciplinamiento pero destinado al manejo de la masa, que bien podrían ser el resto de instituciones del Estado que interactúan con la sosiedad civil. Y, por último, también domina desde la imposición de la moral, como ejemplo la intervención religiosa en un Estado que se declara constitucionalmente laico. Estos aspectos afectan la forma de gobernar, y dan como resultado un tipo de ciudadano, como lo expresaría Eduardo Ibarra desde una visión “Foucaulteana”:

...gubemamentalidad que, como mostraremos, permite recuperar el significado estratégico de las relaciones entre saberes, poderes y constitución de la subjetividad, otorgando sentido a las relaciones que se establecen en distintos espacios de la vida social. Tales espacios comprenden el poder disciplinario, la biopolitica y la moral como niveles distintos pero enlazados desde los que se constituye el sujeto moderno. (Ibarra, 2001:323)

A pesar de las garantías constitucionales y algún otro marco favorable en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), parece existir una contrarreforma (Paladines, 2016:35) en políticas de drogas y en su racionalización, relacionada ante todo a ejercer su dominio mediante el mayor encarcelamiento y aumento de las penas, o anatomopolítica, que para Faucoult:

Comprende relaciones que persiguen incidir en el control del hombre-cuerpo considerado corno máquina, con la finalidad de potenciar sus capacidades y de conducir su conducta; de ahí su denominación corno anatomopolítica del cuerpo humano, es decir, como cuerpo útil e inteligible. (Ibarra, 2001:323)

En Ecuador a partir de esta contrarreforma hubo una confusión entre tablas de consumo y tráfico, disminución en los umbrales de tráfico, también un aumento de penas, y por último la posibilidad de sumar sentencias por el porte de distintas sustancias.

Para el máximo órgano de la justicia ordinaria del Ecuador es válido el incremento de penas –como concurso real de delitos– en los casos de tenencia de varias sustancias, olvidando que el “policonsumo” también puede ser legítimo, negando además las diversas realidades de los usuarios. Así, si un “poseedor” de 22 gramos de cannabis tiene también 2 gramos de cocaína puede recibir una pena de 10 años, sin añadir una sustancia más. Sin embargo, se desata una contradicción. (Paladines, 2016:40).

La contrarreforma es aún más extensa, en el manejo de la masa juegan un gran papel los medios masivos y la voz oficial del gobierno. El disciplinamiento masivo creó una nueva moral de drogas legitimada por el presidente, y ejecutada por los instrumentos de coerción. Según Jorge Paladines:

La edición 440 del “Enlace ciudadano” del sábado 5 de septiembre de 2015 creó una contradicción en la política de drogas contemporánea. El presidente Rafael Correa rompió con la línea generada desde el indulto a las “mulas” del narcotráfico de 2008, sostenida a través de una serie de decisiones posteriores que implicaron un cambio en la matriz de la política del fenómeno social de las drogas, es decir, en la reforma al paradigma represivo que apostó por fomentar la prevención en lugar del encarcelamiento. (Paladines, 2016:35).

Las instrucciones se siguieron al pie de la letra y el encarcelamiento repuntó inmediatamente, de septiembre a octubre de 2015 existió un aumento del 41% en detenciones relacionadas a drogas, teniendo la escala más alta en diciembre con 1166. (Paladines, 2017:19).

En otras palabras, la respuesta al incremento de presos no necesariamente se relaciona con el aumento de delitos, así como tampoco con las respuestas estatales para sancionarlos (Pavarini, 2006). El aumento de las tasas de encarcelamiento puede devenir también de la dureza e inflexibilidad de las decisiones judiciales (menos garantías), la prolongación de los castigos (más punitividad) o la selectividad en las detenciones (cuotas por tipo de delito), elementos que no dejan de ser tributarios a contextos políticos y giros punitivos coyunturales. (Paladines, 2017:49).

Lenin Moreno asumió en poder al 24 de Mayo de 2017, su plataforma de campaña también contemplaba la mano dura (Confirmado, 12 de febrero de 2017), a pesar de eso se ha asumido una posición de poca importancia frente al fenómeno, y aunque hubo un llamado al diálogo y la participación (Agencia Andes, 26 de Junio de 2017), las mismas quedaron en un enfoque no adecuado, continuidad de la política represora e irracional, una gestión sin relevancia de la SETED (Secretaría Técnica de Drogas), institución rectora del tema en el país, la misma que acaba de ser disuelta vía Decreto Ejecutivo 376 (El Universo, 25 de Abril de 2018) y algunas competencias han pasado a ser parte del Ministerio de Salud, mientras que las competencias de control al Ministerio del Interior (El Universo, 25 de Abril de 2018).

El panorama se ha complejizado aún más. A partir de Enero se registraron atentados explosivos en la frontera norte del país, resultando 4 militares fallecidos, el Lunes 26 de marzo un equipo periodístico de un medio de comunicación local fue secuestrado en la frontera norte por un grupo armado irregular, el lunes 13 de abril se confirmaría su asesinato, posterior a esto han tomado una nueva pareja de rehenes. La vinculación de esta violencia con el narcotráfico y por inducción con las drogas ha sido inmediata, sin que haya una versión confiable de las reales motivaciones de los armados para sus acciones, ni sus vinculaciones específicas con movimientos armados, el narcotráfico o la política.

Este contexto puede recrudecer el panorama estignmatizante y criminalizador sobre las personas que usan drogas, las opciones son mantener el paradigma, escalar la violencia y la guerra, o bien se pudiera abrir claramente la aceptación de una crisis y por tanto una posibilidad del debate sobre alternativas. Como ejemplo Ana Jácome (2018) y Carlos Rabascall (2018) sugieren la discusión estratégica sobre la legalización en estos momentos. El Estado, constitucionalmente debería llevar el diálogo hacia una cultura de paz, demostrar que puede tomar el timón del problema sin seguírselo cediendo al narcotráfico, entender que no se puede seguir el mismo rumbo, las mismas reglas, si esas mismas decisiones nos han dejado en este mal arribo a un puerto equivocado.

CONCLUSIONES:
  •          El modelo de Estado ecuatoriano, mientras permanezca, seguirá basado en dominación, y el uso legítimo de diferentes tipos de violencia. Los ciudadanos, desde que nacemos se nos impone arbitrariamente su conjunto de reglas y castigos más aún si se es Usuarios de Drogas.
  •          La democracia es un ideal que legitima un tipo de gobierno, además de haber evolucionado históricamente en muchas variantes, el concepto de ciudadanía tampoco es estable y protege, pero limita al ciudadano.
  •          Los ciudadanos ecuatorianos que usan drogas tienen exactamente los mismos derechos que las personas que no usan drogas.
  •          La despenalización, descriminalización y regulación de las drogas, así como las políticas de reducción de Riesgos y Daños son alternativas a los actuales modelos guerreristas, militaristas, policiales y sanitaristas, basados en la abstinencia, la mano dura, la guerra.
  •          En el varias instituciones del Estado se encuentran en trámite documentos oficiales de los que se desprenden políticas públicas relacionadas a Drogas, y no solo a los “objetos drogas”, sino a los “sujetos ciudadanos” a los usuarios. Existe en la Asamblea Nacional una propuesta de ley para prohibición del espacio público, también propuestas para derogar la tabla de dosis máxima de consumo, otras para reformar el COIP, y la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las Drogas.  El enfoque de esos documentos debería realizarse en base a evidencia científica, con carácter técnico, contener política coherente con sus normas superiores, respetar el orden constitucional, los convenios internacionales y Derechos Humanos.
  •          El nuevo contexto de guerra contra el narcoterrorismo, de secuestros, de militarización, puede acabar por endurecer el panorama para quienes ya son víctimas de esta guerra, pueden resultar en el abandono del Estado y en la vulneración sistemática de sus derechos, auspiciada por un abuso amparado en la violencia que ahora ejerce el narcotráfico contra todas las personas de nuestro país.


Gabriel Buitrón.
Vocero Ecuador Cannábico.
Miembro de LANPUD.
Miembro del IDPC.
Parte del grupo de estudio sobre drogas IAEN.


BIBLIOGRAFÍA:

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  • ·         Weber, Max (1922). Economía y sociedad. California:  University of California Press.
  • ·         Bourdieu, Pierre (1997). Razones prácticas sobre la Teoría de la Acción. Barcelona: Editorial Anagrama.
  • ·         Ibarra, Eduardo (2001). Foucault, gubernanmentalidad y organización: una lectura de la triple problematización del sujeto. Iztapalapa: Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Iztapalapa.
  • ·         Cunill, Nuria (1997). Repensando lo público a través de la sociedad. Caracas: CLAD.
  • Real Academia Española (2001). Diccionario de la Lengua Española. España: Real Academia Española. Recuperado de: http://dle.rae.es/?id=C9NX1Wr
  • ·         Hernández, Andrés (2015). El desafío republicano al liberalismo igualitario de Rawls y los debates sobre libertad, ciudadanía y democracia.
  • ·         Asamblea Constituyente (2008). Constitución del Ecuador. Montecristi. Recuperado de: http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf 
  • ·         Congreso Constituyente (1830). Constitución del Estado del Ecuador. Riobamba. Recuperado de: http://www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/06/constitucion_1830.pdf
  • ·         Asamblea Constituyente (1929). Constitución Política de la República del Ecuador. Quito. Recuperado de: http://www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/06/constitucion_1928.pdf
  • ·         Primera Comisión Constitucional (1978). Constitución Política del Ecuador. Quito. Recuperado de: http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/06/constitucion_1978.pdf
  • ·         Asamblea Constituyente (1967). Constitución del Ecuador. Quito. Recuperado de: http://www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/06/constitucion_1967.pdf
  • ·         Asamblea Constituyente (1998). Constitución del Ecuador. Riobamba. Recuperado de: http://www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/06/constitucion_1998.pdf
  • ·         Benítez, Benita (2005). “La ciudadanía de la democracia ateniense”. Foro Interno. Anuario de Teoría Política n.° 5, vol. 5. Recuperado el 01/12/2017 de http://revistas.ucm.es/index.php/FOIN/article/view/FOIN0505110037A/8039
  • ·         Paladines, Jorge (2016). En busca de la prevención perdida: reforma y contrareforma de la política de drogas en Ecuador. Quito: FES-Ildis Ecuador.
  • ·         Paladines, Jorge (2017). Matemáticamente detenidos, geométicamente condenados: la punitividad de los umbrales y el castigo al microtráfico. Quito: FES-Ildis Ecuador.
  • ·         Confirmado.net (2017). “Lenin Moreno anuncia mano dura en el combate a las drogas”, 12 de febrero de 2017. Recuperado el 20/04/2017 de: https://confirmado.net/2017/02/12/lenin-moreno-anuncia-mano-dura-combate-las-drogas/
  • ·         Agencia Andes (2017). “Presidente Lenín Moreno hace un llamado a acuerdo nacional para prevenir el consumo de drogas”, 26 de Junio de 2017 Recuperado el 20/04/2017 de: https://www.andes.info.ec/es/noticias/politica/1/58286/presidente-lenin-moreno-hace-llamado-acuerdo-nacional-prevenir-consumo-drogas
  • ·         Ecuador TV (2018). “Ministerios del Interior y de Salud asumirán Secretaría de Drogas”, 23 de Abril de 2018. Recuperado el 23/04/2018 de: http://www.ecuadortv.ec/noticias/actualidad/1/ministerios-del-interior-y-de-salud-asumiran-secretaria-de-drogas
  • ·         NTN 24 (2018). “Historia del secuestro del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio”, 11 de Abril de 2018. Recuperado el 20/04/2018 de: http://www.ntn24.com/periodistas-secuestrados/la-tarde/ecuador/historia-del-secuestro-del-equipo-periodistico-del-diario
  • ·         Jácome, Ana, (2018). “Hablemos de Legalizar: El debate como defensa ante la inseguridad del Narcotráfico” Quito: Parametría. Recuperado el: 20/04/2018 de: http://parametria.org/2018/04/20/hablemos-de-legalizar-el-debate-como-defensa-ante-la-inseguridad-del-narcotrafico/
  • ·         Rabascall, Carlos (2018). “¿Es hora de legalizar la droga?: Un análisis de Carlos Rabascall” Quito: Pichincha Universal. Recuperado el 20/04/2018 de: http://www.pichinchauniversal.com.ec/es-hora-de-legalizar-la-droga-un-analisis-de-carlos-rabascall/



[1] Real Academia Española (2001). Diccionario de la Lengua Española. España: Real Academia Española. Recuperado de: http://dle.rae.es/?id=C9NX1Wr

lunes, 31 de julio de 2017

PRONUNCIAMIENTO DE ECUADOR CANNABICO: ACUERDO NACIONAL SOBRE DROGAS.

Quito, 1 de Agosto de 2017.
GABU-2017-018

Doctora.
Ledy Zúñiga Rocha.
SECRETARIA GENERAL.
Secretaría Técnica de Drogas.
Presente,

CC:
Dr. Lenin Moreno.
Presidente de la Republica del Ecuador.

Ing. Cesar Antonio Navas.
Ministro del Interior.

Dr. José Iván Espinel.
Ministro de Inclusión Social y Económica.

Dra. Rosana Alvarado Carrión.
Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

Dr. Raúl Pérez Torres.
Ministro de Cultura.

Eco. Daniela Andrea Sotomayor.
Ministra del Deporte.

Dra. María Verónica Espinoza.
Ministra de Salud.


PRONUNCIAMIENTO DE ECUADOR CANNABICO FRENTE AL LLAMADO AL DÍALOGO PARA EL GRÁN ACUERDO NACIONAL SOBRE DROGAS.

Considerando que el artículo 11.1 de la declaración universal de los derechos humanos postula que toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.

Considerando qué el artículo siete de la declaración universal de los derechos humanos dispone que Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación

Considerando que el 26 de Julio de 2013, Ecuador Cannábico y la Organización Diabluma presentaron una demanda de inconstitucionalidad a la ley 108 (Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas), vigente en el país, la misma que criminaliza la siembra, cultivo, cosecha, transportem, tenencia de las sustancias con propiedades psicoactivas, catalogadas como sujetas a fiscalización.

Considerando que el artículo 364 de La Constitución dicta que Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le corresponderá desarrollar programas coordinados de información, prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales. El Estado controlará y regulará la publicidad de alcohol y tabaco.
Considerando que el artículo 76 numeral dos de la Constitución del Ecuador declara que se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada.

Considerando que el de ella artículo 23 de la Constitución política del Ecuador norma que las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio público las propias expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a los principios constitucionales.

Considerando que el artículo 66 numeral ocho de la constitución reconocería EI derecho a transitar libremente por el territorio nacional y a escoger su residencia, así como a entrar y salir libremente del país, cuyo ejercicio se regulará de acuerdo con la ley. La prohibición de salir del país sólo podrá ser ordenada por juez competente.

Considerando que el artículo 66 numeral cuatro de la Constitución de la República del Ecuador reconoce el Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación.

Considerando que la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 66 numeral ocho reconocería El derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o enprivado, su religión o sus creencias, y a difundirlas individual o colectivamente, con las restricciones que impone el respeto a losderechos. El Estado protegerá la práctica religiosa voluntaria, así como la expresión de quienes no profesan religión alguna, y favorecerá un ambiente de pluralidad y tolerancia.

Considerando que le artículo tres numeral uno de la Constitución mandaría como un deber del Estado el Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes.

Considerando que el artículo 220 del código integral penal dice que La tenencia o posesión de sustancias estupefacientes o psicotrópicas para uso o consumo personal en las cantidades establecidas por la normativa correspondiente, no será punible.

Considerando que el artículo 222 del COIP reza que La persona que siembre, cultive o coseche plantas para extraer sustancias que por sí mismas o por cuyos principios activos van a ser utilizadas en la producción de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, con fines de comercialización, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

Considerando que el artículo 228 del COIP dicta que debe existir una cantidad admisible para uso o consumo personal. La tenencia o posesión de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan, para consumo personal, será regulada por la normativa correspondiente.

Considerando que no existe normativa correspondiente,  que sea vinculante, donde se encuentren establecidas en las cantidades admisibles para uso y consumo personal de sustancias estupefacientes psicotrópicas o preparados que las contengan.

Considerando que existe una tabla de dosis máximas de consumo,  al tiempo que existe una tabla de tráfico, las 2 encuentra en contradicción,  dado que las dos especifican una cantidad entre los cero y los 10 gramos tanto para usuarios como para traficantes de mínima escala.
Considerando que el artículo 23, numeral 19 de la Constitución declara que sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a las personas La libertad de asociación y de reunión, con fines pacíficos.

Considerando que Ecuador Cannábico es una organización de hecho de la sociedad civil que construye, debate y propone los marcos sociales, políticos, culturales, del fenómeno de las drogas, con un enfoque en la defensa de derechos, la prevención,  la reducción de riesgos asociados, así como la despenalización de su uso, consumo y autoabastecimiento como lucha directa y frontal contra el narcotráfico.

Considerando los ciudadanos ecuatorianos usuarios ocasionales, habituales y problemáticos de sustancias, con los mismos derechos y responsabilidades que nuestros compatriotas, nos pronunciamos.

Frente al llamado al diálogo, para un Acuedo Nacional sobre Drogas, al proyecto ejecutivo de ley reformatoria al código orgánico integral penal y su artículo 7 enviado a la Asamblea Nacional el 13 de Febrero de 2017, además de la intención inconstitucional de ordenanzas municipales para aplicar prohibición de uso del espacio público, y frente al vacío de autoridades que acudan al fenómeno de las drogas para la elaboración de política pública referente, así como normativas y marcos legales con una mirada técnica y científica, nos declaramos en resistencia.

Nosotras y nosotros, ususrios responsables de sustancias psicoactivas, en especial de la planta del cannabis, sus deribados y principios activos, nos presentamos al diálogo desde la realidad de ser los eslavones más débiles en el sistema de movimiento de “sustancias ilícitas”, desde la realidad de haber cargado en nuestra vidas con el peso de la Guerra contra las Drogas, el Prohibicionismo, la Mano dura y un sistema institucional, legal y jurídico caduco, ignorante y cegado por la corrupción y altos intereses ilegítimos. Partimos del diálogo que ha presentado la institucionalidad, desde alli debemos ubicarnos, defendernos, proponer y colaborar, mientras que los representantes del Estado aún actúan frente a nosotras y nosotros con desconfianza, con prejucio y desde la visión moral antitécnica. Es así que vamos al diálogo contando con ua propuesta ejecutiva para la reforma al COIP, adjunta a ordenanzas municipales que una vez más buscan luchar contra los usuarios y no contra los verdaderos problemas relacionados al uso de sustancias.

Esta propuesta y posible reforma violaría varios derechos humanos fundamentales, derechos constitucionales y derechos civiles. Acabaría con el proceso de racionalización del fenómeno de las drogas en el país, agravaría los márgenes de represión, amedrentamiento, extorsión, arrestos sin el debido proceso y una correcta diferenciación entre usuarios y expendedores.

Al ser un derecho fundamental y constitucional la presunción de inocencia, las y los usuarios de sustancias sujetas a fiscalización no deberían entrar en contacto ni ser intervenidos por la policía bajo el argumento de actitud sospechosa o llamada anónima, los mismos que no tienen ningún aval jurídico ni legal en la ley ecuatoriana, pero que siguen siendo usados en partes policiales y procesos judiciales.

Los derechos humanos fundamentales reconocerían también nuestra existencia en este planeta, como iguales ante la ley sin distinción, con derecho a igual protección de la justicia, todos tenemos derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja los derechos humanos, y contra toda provocación hasta la discriminación.

En disfrute pleno de nuestros derechos al espacio público, consideramos discriminatorio y atentatorio el ser vistos como sujetos de penalización, cuando la  constitución garantiza que en ningún caso se permitirá nuestra criminalización ni se vulnerarán nuestros derechos constitucionales por ser usuarios o consumidores de sustancias.

Al ser un asunto de salud pública, según la constitución, al Estado le corresponde desarrollar programas coordinados de información, prevención y control del consumo del alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Al Estado no le corresponde desarrollar programas de persecución, penalización, criminalización,  judicialización y encarcelamiento de las personas que son víctimas del fenómeno de las drogas,  sean estos usuarios o personas pobres que trafican pequeñas cantidades.

Al Estado le corresponde ofrecer, más no obligar, tratamiento de rehabilitación a los distintos tipos de usuarios y consumidores de sustancias psicoactivas.  Para esto el Estado debe tener claro las diferencias y reales connotaciones de usuarios ocasionales,  habituales y  problemáticos, los dos primeros nunca deberían entrar en conflicto con el Estado, ni en necesidad de algún tipo de rehabilitación. Visto de otro modo las y los ususrios de sustancias no deberían ser vistos como delincuentes, pero tampoco como enfermos.

Al intentar por parte de el ejecutivo una regulación de consumo en el espacio público debería tomar en cuenta no sólo la prohibición, si no también garantizar espacios o zonas adecuadas, permisibles y libres de discriminación para el consumo lúdico,  recreativo,  medicinal, cultural,  religioso o espiritual de sustancias psicoactivas.

Recomendamos pues, que antes de continuar reformando los marcos legales ya existentes, las leyes se deberían acabar de hacer, es necesario esclarecer los marcos regulatorios que la constitución, el código orgánico integral penal, y la ley de regulación del fenómeno socioeconómico de las drogas, mandan. Esto es el abandono inmediato de las políticas inscontitucionales que puedan derivar de la implementación de ordenanzas para prohibición del espacio público, así como el retiro del proyecto de ley reformatoria al COIP, ingresada por el ex-Presidente Rafael Correa, por carecer de validez técnica y de paricipación real de los sectores afectados.

Es indispensable publicar y hacer vinculantes las dosis máximas de consumo para los tres tipos de usuarios o consumidores, mejoreando los umbrales apegados a la evidencia y el estudio técnico de los casos, ya que no existe aval científico para demostrar que la tabla de dosis máxima de cosnsumo permitieron permisividad, más bien ha existido un aumento en el numero de arrestos, las tablas de uso o consumo nunca deberían entrar en contradicción o vicios legales con la tabla de tráfico. Como respuesta a todo esto adjuntamos una propuesta de Ordenanza, realizada y presentada a la Asamblea Nacional por el colectivo fraterno Lago Agrio Cannábico, a la que esperamos su respectiva revisión y retroalimentación.

En segundo término, queremos proponer frente al diálogo la visión técnica y adecuada para el abordaje del fenómeno de las drogas, esto quiere decir que no buscamos beneplácitos para los usuarios, sino presentarles la realidad en su planteamiento más objetivo y científico posible, adjunto a esto todas las posibilidades para su comprensión e impacto del mensaje, sobre todo en lo que tiene que ver con información y prevención  del uso o consumo de sustancias.

La evidencia y las buenas prácticas hoy por hoy abundan en el mundo, existen varios enfoques utilizados en otros países y regiones que van desde los países más retrógradas como Filipinas, Cuba o China, hasta los más progresistas como Portugal, Holanda o Uruguay. Lo que parte las aguas entre estos dos extremos de los enfoques es el respeto o irrespeto a los derechos humanos, constitucionales y civiles, además de las estadísticas de uso y criminalidad posteriores a su aplicación.

Nosotros hemos encontrado en la evidencia técnica y científica, así como en la retroalimentación con organizaciones internacionales, que el primer y más importante componente para la información, prevensión, manejo y reducción de daños y riesgos en el uso / consumo de sustancias, es la comunicación amplia y efectiva, amigable y con lenguaje entendible, pero sobre todo entre pares y por fuera de los dogmas religiosos o morales.

A pesar de no contar con apoyo económico o logístico institucional del Estado u organizaciones privadas, hemos empezado con este tipo de trabajo desde la sociedad civil organizada, el proyecto lleva por nombre “PSICOACTIVAS.info” y está determinado como un “Programa ecuatoriano de Información, Prevención y Reducción de Riesgos y Daños asociados al Uso/Consumo de Sustancias Psicoactivas”. Esta es nuestra segunda propuesta, un proyecto ya viable y en marcha para llegar a objetivos comunes por el bienestar y Buen Vivir de nuestra sociedad.

Recomendamos en este segundo tema, la implementación de políticas públicas alejadas a la guerra contra las drogas y al conflicto con nuestros conciudadanos. Es necesario un abordaje distinto, es necesario dejar de ver al usuario o consumidor de sustancias como el enemigo, hay que abandonar las posibilidades de penalización, de judicialización e incluso las voces ue promuven cortes penales específicas para casos de drogas. La discusión de la rehabilitación social debe ser amplia y desde todos los sectores, además de considerar la imposibilidad constitucional de internamiento forzoso, el pasar el tema de las drogas a un ámbito de la salud pública no quiere decir que usuarios habituales y problematicos debamos pasar del prejuicio de delincuentes hacia el prejucio de enfermos.

La terecera posibilidad de diálogo la enmarcamos en la responsabilidad que tiene la Secretaría Técnica de Drogas para con sus bases sociales, para con sus grupos de personas ligados a los temas centrales de la institución, para con la sociedad civil organizada que pide respuestas y política pública acertada en el marco de los derechos y la ley. Responsabilidad que debe asumir y frente a la que se debe responder en apego a los procedimeintos administrativos pertinentes.

Reconocemos que hace mucho tiempo habíamos abierto líneas de diálogo y trabajo con el extinto “CONSEP” y sus funcionarios, líneas que luego fueron abandonadas con el cambio y reformas institucionales, para pasar a un momento de total cierre de oportunidades de colaboración por la anterior administración, lo que nos preocupa, ya que este diálogo puede tomar el mismo cause, una mera formalidad para decir que se reunieron con organizaciones como la nuestra. Por lo que instamos a que el diálogo y las oportunidades de trabajo y colaboración con la Secretaría Técnica de Dorgas no se detengan luego de presentar el informe al Ejecutivo, sino que sea un trabajo articulado y basado en la dialéctica del debate con los sectores más amplios, pero también con los sectores más afectados.

Recomandamos como plausible para la institucionalidad, al interior de esa labor conjunta tomar en cuenta el derecho constitucional a la participación, con voz y voto, de los actores sociales, así como las posibilidades fácticas y reales de constituír organizaciones de la sociedad civil vinculada, con carácter de primer, segundo y tercer nivel, que puedan dar respuestas y salidas legales a los márgenes de conflictividad, vacíos y vicios legales y jurídicos, así como para que puedan amparar, avalar y apoyar las decisiones institucionales. Proponemos pues la revisión jurídica de las posibilidades para conformación de organizaciones civiles sin fines de lucro, que puedan ser reguladas y observadas por la institucionalidad de la secretaría. Una de las experticias es la cercanía al fenómeno y la particiàción activa, como lo ha dicho el Señor Presidente Lenin Moreno, “Nada sobre nosotros sin nosotros”.

Este es nuestro pronunciamiento, nos presentamos con propuestas estructuradas y articuladas a los derechos humanos, los derechos constitucionales y los derechos civiles alcanzados, las mismas que permitan ver el fenómeno de las drogas desde una óptica más amplia, que coadyuven en la reducción del consumo,  así como la reducción de riesgos y daños asociados al uso de sustancias, y que además permitan una adecuada regulación del espacio público en un respeto con nuestros conciudadanos.

El derecho a la participación, con base en la constitución, debe ser respetado y garantizado también para las personas que usamos sustancias psicoactivas, también somos ciudadanos.  En el último período del poder Ejecutivo y Legislativo, como de sus instituciones y funcionarios, este derecho ha sido relegado,  silenciado e ignorado, por lo que exigimos participación en las mesas permanentes, en sus debates y argumentaciones para la construcción de normativas con la inclusión de nuestra visión,  la visión de los usuarios de sustancias, personas que sin cometer delitos somos arrestados, discriminados, penalizados, criminalizados, judicializados y encarcelados irracionalmente.


Atentamente,

ECUADOR CANNÁBICO


Suscriben al pronunciamiento:

·      ATS. Acción Técnica Social – Colombia (www.acciontecnicasocial.com).
·      TNI. Transnational Institute – Estados Unidos (www.tni.org).
·      PRODERECHOS – Uruguay (www.proderechos.org.uy).
·      OCDI GLOBAL. Observatorio de Cultivos Declarados Ilícitos – España (www.cultivosilicitos.wordpress.com).
·      ACEID. Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención en Drogas – Costa Rica (www.aceidcr.org).
·      COIN. Centro de Orientación e Investigación Integral – República Dominicana (www.coin.org.do).
·      AECU. Asociación de Estudios de Cannabis del Uruguay – Uruguay (www.aecu.org.uy).
·      INTERCAMBIOS. Asociación Civil para el estudio y atención de problemas relacionados con las drogas – Argentina (www.intercambios.org.ar/es/).
·      INTERCAMBIOS. Asociación Civil para el estudio y atención de problemas relacionados con las drogas - Puerto Rico (www.intercambiospr.org)
·      DPA. Drug Policy Alliance – Estados Unidos (www.drugpolicy.org)
·      CENTRO CÁRITAS DE FORMACIÓN para la atención de las farmacodependencias y situaciones críticas asociadas A.C. – México (www.caritas.laneta.apc.org/).
·      HUMANAS COLOMBIA. Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género – Colombia (http://www.humanas.org.co/).
·      REVERDESER. Colectivo por la transformación en la actual política de drogas. - México (reverdeser.wordpress.com).
·      FUNDACIÓN LATINOAMÉRICA REFORMA – Chile (www.latinoamericareforma.cl).
·      ACCIÓN ANDINA – Bolivia (www.accionandina.org).
·      DESCRIMINALIZACIÓN.ORG – Puerto Rico (www.descriminalizacion.org).
·      ANDEAN INFORMATION NETWORK. Red Andina de Información – Bolivia (www.ain-bolivia.org).
·      MAMA COCA – Colombia (www.mamacoca.org).
·      PIE. Puente Investigación y Enlace – Bolivia (www.piebolivia.org.bo).
·      WOLA. Incidencia a  favor de los Derechos Humanos en las Américas – Estados Unidos (www.wola.org).
·      UTRIP. – Slovenia (www.institut-utrip.si/en).
·      CITY WIDE. Drug Crisis Campaign – Irlanda (www.citywide.ie).
·      REDUC. Rede Brasileira de Redução de Danos e Direitos Humanos – Brasil (www.facebook.com/REDUC-Rede-Brasileira-de-Redução-de-Danos-e-Direitos-Humanos-508427252562225/)
·      MUCD. México Unico Contra la Delincuencia – México (www.mucd.org.mx).
·      HARM REDUCTION COALITION – Estados Unidos (www.harmreduction.org).
·      SSDP. Students for Sensible Drug Policy – Estados Unidos (www.ssdp.org).
·      STOP THE DRUG WAR – Estados Unidos (www.stopthedrugwar.org).
·      IDPC. Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas – Internacional (www.idpc.net/es).
·      CIDDH. Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos – Perú (www.ciddh.com).
·      AMBATO CANNÁBICO – Ecuador (www.facebook.com/AmbatoCannabico).
·      LAGO AGRIO CANNÁBICO – Ecuador (lagoagriocannabico.wordpress.com).

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